La Resolución N° 1058 impone una serie de obligaciones y plazos específicos para los PSAV:

• Registro obligatorio:

• • Individuos: Hasta el 1 de julio de 2025.
  • Empresas locales: Hasta el 1 de agosto de 2025.
  • Empresas extranjeras: Hasta el 1 de septiembre de 2025.
  • Entrada en vigor total: 31 de diciembre de 2025.

• Ciberseguridad y custodia de activo

• • Implementación de medidas de seguridad digital para proteger a los usuarios de ciberataques.
  • Separación obligatoria de los fondos de clientes de los activos propios de las empresas, evitando riesgos de malversación.
  • Auditorías anuales para garantizar el cumplimiento normativo.

• Transparencia y supervisión

• • Declaración obligatoria de acuerdos con bancos y custodios extranjeros.
  • Posibilidad de sanciones y bloqueo de operadores no registrados, con respaldo judicial.

Estas regulaciones siguen la tendencia de países como Estados Unidos y la Unión Europea, que han fortalecido la supervisión del sector cripto en los últimos años.

¿Cómo afectará esta regulación al mercado cripto en Argentina?

Las implicaciones de la Resolución 1058 serán significativas tanto para empresas como para usuarios.

📌 Para las empresas:

• Aumentará la carga operativa y los costos iniciales, lo que podría dificultar la entrada de nuevos actores en el sector.
• Sin embargo, el marco regulatorio podría atraer inversiones institucionales al proporcionar un entorno más seguro y predecible.

📌 Para los usuarios:

• Se espera que haya mayor protección contra fraudes y quiebras de plataformas, lo que mejoraría la confianza en el mercado cripto.
• Sin embargo, algunos temen que los requisitos adicionales puedan limitar la oferta de servicios y aumentar costos.

El poder de la CNV: regulación sin asfixiar la innovación

A diferencia de otros marcos regulatorios más restrictivos, la CNV no regula directamente las criptomonedas, sino a los intermediarios que operan en Argentina.

No obstante, la entidad tendrá autoridad para suspender o revocar licencias de PSAV, además de poder bloquear operaciones de empresas no registradas con apoyo judicial.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, ha defendido la regulación afirmando que su objetivo es fomentar la confianza en el sector sin frenar la innovación.

“Queremos un marco efectivo que proteja a los usuarios sin poner en riesgo el desarrollo del sector”, señaló en declaraciones a CryptoSlate.

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